¡Demandemos al CGH!

Yo, como de muchas cosas, no entiendo de leyes. Apenas puedo decir que sé leer, quizá no muy bien, pero me defiendo en lo básico. Y como digo de mí mismo que me esfuerzo en aprender a leer, lo poco de lo que puedo hablar es de lo que leo. Andaba leyendo el diccionario de la Academia. Estaba en la efe, cuando me encontré con una de esas palabras rotundas que campean por el diccionario. A fuerza de la costumbre, de ese desgaste cotidiano que viene de escuchar a tantos hablar sin cuidado, por poco y dejo pasar desapercibida la palabra. Contrariado, decidí volver la página y enfrentar la definición huida. Según el DRAE fraude significa “acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete” y “acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”. Inmediatamente comenzó el escozor. ¿Será que los secuestradores del Auditorio Justo Sierra están cometiendo un fraude? Por lo menos, en cuanto al secuestro se refiere, me queda claro que es contrario a la rectitud y que hay perjudicados, pero la definición así solita no nos permitiría identificar inmediatamente al secuestrado y a los perjudicados. Parece que el asunto es un poco más difícil. La segunda definición, por su parte, aun cuando nos da una cierta idea y puede sugerir que el secuestro del Auditorio Justo Sierra es un fraude, tampoco despeja las inexactitudes. Parece que la disposición legal del Auditorio es acorde a los fines de la UNAM, y que éstos son, según el Estatuto General, “impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura”; fines incumplidos durante los diez últimos años de secuestro. Aquí podría ser más claro: los secuestradores del Auditorio Justo Sierra están cometiendo fraude. Hay perjuicio de terceros y del Estado. Pero no sé de leyes, y por eso no sé si es válido proceder legalmente contra los secuestradores siguiendo una definición del diccionario de la lengua. Mas si el asunto es legal, también podría recurrir a un diccionario especializado. Por ejemplo, en un diccionario contable, administrativo y fiscal se define al fraude como “robo con apariencias lícitas, engaño, mala fe, perjuicio, inexactitud consciente, abuso de confianza”. Y por lo menos el engaño, el perjuicio y el abuso de confianza caracterizan el secuestro del Auditorio Justo Sierra. Pero está bien, digamos que no es suficiente. Vayamos a un diccionario jurídico. Fraude es “acto de mala fe por medio del cual se engaña a alguien y se obtiene una ventaja o un lucro indebido”. ¿Cuál es el engaño? Los secuestradores fingen ser estudiantes, fingen cumplir los fines de la universidad. La primera parte se cumple, pero no es suficiente. El Código Penal para el Distrito Federal, en el título vigésimo segundo, capítulo III, artículo 386, dice “comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de una cosa o alcanza un lucro indebido”. De la primera parte, de que los secuestradores nos están engañando, no hay duda. ¿Hay lucro indebido? Si el espacio sólo estuviese tomado y no fuera usado para lucrar, no podría cumplirse con la definición del fraude. Sin embargo, como se ve en el sitio web de los secuestradores, el acceso a los conciertos no es gratuito, por lo que sí se está lucrando. ¿Es esto suficiente para que los universitarios podamos demandar penalmente a los secuestradores?