Las dos ocupaciones: ¿Universidad para todos o Universidad para quienes estudian?

Ésta es la cuestión. No es un planteamiento del príncipe de Dinamarca sino de Gastón García Cantú allá por 1990, hace 20 años, allá por los momentos de esplendor del Consejo Estudiantil Universitario (CEU). Por aquel entonces se discutían una serie de reformas promovidas por el anterior rector Jorge Carpizo, así como la orientación y futuro de la UNAM. Reformas que desde el punto de vista de algunos iban encaminadas a mejorar los vicios que estancaban las labores académicas y de investigación. Que fueron vistas por otros, como es costumbre, como "el primer experimento de corte "neoliberal" y privatizador de la educación superior pública en México y en América Latina".

García Cantú continua, después de la cuestión cardinal:

Lo primero se ha confundido, no sin perversidad, con la democracia, fin político de las sociedades contemporáneas pero no medio académico. La participación en materias de estudio no puede confundirse con el sistema de decisiones por mayoría. En la Universidad deben aprenderse las teorías históricas de la democracia, pero no intentar sustituir lo que pertenece a los requerimientos académicos con lo que corresponde al orden político de las sociedades.

Tal confusión, difundida por los partidos en las universidades del Estado -las particulares son para ellos verdaderos recintos sagrados- ha llevado a las oficiales- obra educativa del Estado mexicano- a su gradual deterioro.

Diez años después, el espíritu antireformista del CEU, con el conflicto generado por el alza de cuotas en la UNAM se materializo en el CGH que mantuvo ocupada y paralizada la UNAM durante casi diez meses. Por supuesto que el cierre no era arbitrario, pues cerraban la Universidad para que "permaneciera abierta en el futuro". Sobre ello nos decía el Dr. Francisco Valdés Ugalde lo siguiente:

UNAM: derecho social y aberración política

El Universal, 26 de septiembre de 1999

¿Puede un movimiento en defensa de un “derecho social” condenarse a sí mismo a ser el enterrador de tal derecho? Si el movimiento en cuestión se interna por el camino de la aberración política, la respuesta es positiva. Lo que ocurre en la UNAM es un caso ilustrativo. Reconocerlo es sencillo, explicarlo es otro problema; es el verdadero problema.

Vienen a la mente, multitud de imágenes “útiles” para referirse a la cuestión, desde la famosa idea de Hegel de que los hechos de la historia se producen dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa, hasta la de quienes han insistido en que lo que ocurre en la UNAM es un reflejo de lo que pasa en el país y viceversa. De la primera imagen, se puede afirmar ciertamente que el 68 fue la tragedia y el 99 una farsa que ha alcanzado uno de sus mayores momentos simbólicos en la imagen televisada del vándalo con pretensiones de historiador anticipado que escribió la fecha de “1999” sobre el signo de interrogación que David Alfaro Siqueiros puso de colofón en su mural de Rectoría sobre las gestas históricas del pueblo mexicano. De la segunda fórmula sobresale la banalidad del entusiasmo con aires de gloria de quienes regodean su miopía en esa supuesta intrínseca relación metafísica, incapaces de imaginar que también por ese camino podía transcurrir el “lado malo” de la historia. Esta falsa idea especular me hace evocar la célebre frase de Borges: “Los espejos y la cúpula son abominables pues reproducen a los hombres”. Pero las ideas especulares son reduccionistas. La realidad exige otro esfuerzo.

Como todo el mundo sabe, el movimiento estudiantil tuvo su origen en la protesta contra el establecimiento de cuotas en la UNAM. Después de los primeros días de efervescencia, se conformó el Consejo General de Huelga que procedió a exigir la derogación del reglamento respectivo y luego a ampliar sus exigencias a otros puntos que habían sido previamente reformados. Al iniciarse el paro, hace ya más de cinco meses, el pliego petitorio de los estudiantes combinaba extrañamente demandas de gratuidad con exigencias como las anteriores que, de aceptarse, redundarían en la degradación de la calidad educativa. Entre estas últimas sobresalía la de restaurar el pase automático de la preparatoria a la profesional y eliminar las relaciones entre la UNAM y el CENEVAL.

A pesar del tiempo que ha transcurrido desde que el conflicto se inició, es notoria la ausencia de tino político del CGH para plantear con productividad política las finalidades que dice perseguir. Por ejemplo, el CGH no se ha pronunciado ni ha exigido al Ejecutivo o al Congreso la restauración de la gratuidad en la educación superior a pesar de que el artículo tercero de la Constitución fue reformado en 1993, abriendo paso a que la educación superior deje de ser legalmente gratuita. En esta reforma se introdujo, entre otras modificaciones, una nueva redacción de las “obligaciones” del Estado para con la educación superior. Mientras que la fracción cuarta de dicho artículo señala que “toda educación que imparta el Estado será gratuita”, la siguiente acota que “además de impartir la educación primaria, preescolar y secundaria (…) el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

Esta redacción es clara pero a la vez ambigua. Por una parte se distingue entre impartir, por un lado, y promover y atender, por el otro con esta distinción se pretende dejar en claro que el Estado no imparte la educación superior. Pero se introduce una ambigüedad al decir que la promoverá y atenderá; si el Estado no la imparte, entonces no será gratuita sino solamente “promovida” y “atendida”. Naturalmente, estos últimos términos quedan totalmente indefinidos en el texto constitucional. Pero queda aún más indefinido en este nivel el carácter que tienen, desde el punto de vista presupuestal, organismos como la UNAM que es, en el ámbito de la administración pública, un “organismo descentralizado del Estado”. En esta última expresión el carácter descentralizado del organismo no se refiere al Estado, sino a la administración pública, mientras que la expresión “del Estado” designa su pertenencia al Estado. Así pues, según la Constitución, la UNAM es del Estado pero lo que la UNAM hace no es, entre otras cosas, educación impartida por el Estado.

Con toda su ambigüedad, la reforma de 1993 ha operado un cambio de facto y de jure en las relaciones entre el Estado y la UNAM. A pesar de que en ellas se ampara la reducción presupuestal que Hacienda le propinó a la UNAM y que está detrás de la modificación al reglamento de pagos, el CGH no ha criticado ni, mucho menos, solicitado un cambio de esta redacción actual del artículo tercero. Por el contrario, el CGH sólo le carga la mano a la UNAM y, en particular, a sus autoridades, haciéndolas responsable únicas de los cambios al reglamento de pagos. Al hacer esto y confirmar su postura con más de cinco meses de paro sin haber incomodado ni un ápice al gobierno o al Congreso, el CGH parece coincidir sospechosamente con los propósitos que oscuramente, por vías oficiosas e informales, miembros del gobierno han proferido respecto de reformar drásticamente a la Universidad o, de plano, hacerla desaparecer.

Lo anterior no significa que las autoridades universitarias no tengan ninguna responsabilidad en el origen del conflicto ni en la postergación constante de su solución. Indica, sin embargo, que, o bien quienes controlan al CGH y quienes los siguen no tienen capacidad política para entender la problemática en que está situada al UNAM, o bien que sus propósitos no son los que confiesan, sino los mismos de aquellos en el gobierno que sin dar la cara buscan debilitar la institución para poder darle un golpe mortal o dispersarla. Curiosamente, a este despropósito se suman organizaciones sociales como el Frente Popular Francisco Villa y el EZLN.

A esta forma aberrante de conducta política se agrega la decisión del presidente Zedillo de que en la UNAM la aplicación de la ley, en lo que respecta a su ocupación ilegal por los huelguistas, deberá ser un hecho de excepción sujeto a la expresión “mayoritaria” de la comunidad universitaria. A pesar de la universalidad del estado de derecho como establecimiento de condiciones iguales para todos, la UNAM es, por razones de Estado no democráticas, condenada a la excepción. Al proceder así, el gobierno instaura por omisión deliberada una especie de estado de naturaleza pre-político. Me pregunto si en este proceder no se anuncia el destino al que se conduce al Estado mexicano.

Bajo la perniciosa acción de los huelguistas y la indolente actitud asumida por el gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial incluidos) anida la amenaza (esta sí verdaderamente neoliberal) de reducir los servicios a las necesidades del mercado. Si la educación es un servicio que debe sujetarse a este principio, qué ha de pasar cuando el mercado no lo demande o requiera cambios en la forma en que se le procura. Desde el punto de vista estrictamente economista si el “mercado” no demanda educación, no hay ninguna razón para que existan proveedores. Si existe tal demanda, entonces los proveedores deben satisfacerla en las modalidades en que la requieren los consumidores. Más de 200 mil estudiantes se inscribieron o reinscribieron en la UNAM para el ciclo escolar 99-2000, es decir, sí hay demanda. Al defender las aspiraciones a huelga de su paro, los paristas trataron de impedir la inscripción de los estudiantes que querían hacerlo. (Por cierto, en no pocas ocasiones se les vio formados en las colas de inscripción, luego de sus intentos por cerrar los locales de trámites escolares). Curiosamente, al detener casi todos los procesos educativos en la UNAM y tratar de impedir la inscripción de estudiantes, los paristas pusieron de manifiesto la perversa coincidencia de su actuar con los intereses de los neoliberales más extremos cuya pretensión es, simple y llanamente, cerrar la UNAM. En efecto, al debilitar la Universidad, el CGH ofrece a plenitud los argumentos de que los propios neoliberales extremos carecían para limitar aún más el presupuesto universitario e, inclusive, empezar a barajar alternativas de reforma universitaria que no la mejorarían sino que la harían desaparecer como entidad.

Volviendo a la pregunta inicial puede reiterarse la respuesta. Sí es posible que la “defensa” de un derecho social conduzca en realidad a su liquidación cuando los defensores actúan aberrantemente y en coincidencia (¿fortuita?) con sus adversarios declarados.

-Francisco Valdés Ugalde-

Por ello no es de sorprender que ante la ocupación policial, que duró poco menos de dos semanas, que no significó "la imposición de medidas neoliberales", ni privatización ni pérdida de autonomía (pues en nueve meses de dejar la UNAM a su suerte ni huelguistas ni autoridades se pusieron de acuerdo), hubiera también reacciones como las siguientes:

Me causó un gran alivio que esta recuperación -e insisto en la palabra- de la UNAM se haya llevado a cabo en forma pacífica, sin violencia, sin ningún disturbio ni heridos. Es un gran alivio.

Fernando del Paso

El Estado tiene la obligación de preservar la universidad para los fines que fue creada. El gobierno no ha hecho más que cumplir con la ley, por encima de todo... la mayoría de la sociedad está porque la universidad sea recuperada, porque vuelva a funcionar y porque sea a través del diálogo lo que resta por resolverse.

Ignacio López Tarso

Lamento mucho el desalojo, no debía haberse llegado a ese límite; pero no había otra opción porque realmente no había diálogo. El CGH había caído en una intransigencia y no dialogaba ni negociaba. Esperé, como muchos mexicanos, que en la reunión del viernes pasado (4/02/00) entre rectoría y el CGH se llegara a algún acuerdo. Esperaba, por ejemplo, que los huelguistas dijeran: "Liberen a los estudiantes presos y nosotros entregamos las instalaciones de la universidad"

Natalio Hernández

Esta medida debieron tomarla hace 10 meses, no hasta ahora. La universidad es irremplazable. Se ha cometido, por parte de los delincuentes que tenían a la universidad, un atentado contra el pueblo, debido a la apatía de quienes debiron tomar esta medida. Las cosas por su nombre.

Arturo Schroeder

Se cumplen 10 años del desalojo y ocupación policial. Los policías hicieron su trabajo y se fueron. La universidad volvió a funcionar. El CGH toma siete meses después lo que queda del auditorio Justo Sierra y pretende convertirlo en el Che Guevera de 1968. Han pasado más de 10 años del inicio de la huelga, están por cumplirse 10 de la nueva okupación del Justo Sierra. Excegehacheros y actuales okupas proclaman haber salvado el derecho a la educación, lo cierto es que cuando menos diez generaciones de universitarios casi ni se han parado por el que fuera hace muchísimos años el auditorio más importante y grande de CU, el artículo tercero sigue intacto en su fracción quinta, como en 1999. ¿Qué han hecho entonces ellos por nosotros? García Cantú decía respecto a las manifestaciones ceuístas en 1990:

Ninguna idea, ningún programa expusieron, sólo el desafío y la consigna sostenida de llevar al mayor número de jóvenes para lanzarlos al asalto de lo que desean destruir en lo académico: la Universidad Nacional.

La autonomía de los buenos deseos

Mucho gana la autonomía psicológica cuando el trabajo autogestivo del autoelogio substituye al psicoanalista, pues por una parte uno se da ánimos a sí mismo sobre lo bien que hace las cosas y lo bueno de sus intenciones, y por otra sus palabras sirven para esgrimir la buena voluntad que mueve a sus acciones. Nada hay de provechoso en andar por el mundo diciendo que uno es un aprovechado y sujeto de poca fianza. Más se gana en el crédito público y el up grading mercadológico al jactarse como beneficioso a la sociedad. ¿Quién hay que le den pan y llore? ¿Quién tan vil como para ennegrecer el anuncio de bellos fines? Por eso, cuando los secuestradores del auditorio Justo Sierra plantean como fin de su actividad la liberación y como medio para la misma la educación; o cuando proponen practicar el compañerismo, la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto, la coherencia, la seriedad, la disciplina y la humildad -¿no serán valores burgueses?-; o cuando forjan su labor con los martillazos de la honestidad, la crítica y la autocrítica; o cuando se autoexigen autogestiva y autónomamente que su trabajo no pierda de vista la lucha de clases; o cuando un forofo de su organización afirma que un 10 por ciento de los estudiantes del país está dispuesto a transformarlo y que esa transformación, que nadie podrá parar, ya es suceso mundial entre los grupos progresistas; cuando se dice todo eso, ¿cómo criticar? Se necesitaría ser un completo insensato para criticar así como así las buenas intenciones. No es bonito dejar sin ilusiones a los niños; en algo se han de entretener cuando van a ese clubejo llamado universidad. Finalmente, en eso ha venido a dar la tan mentada autonomía universitaria. Mitos aquí y mitos allá, finalmente.

Por los años en que la autonomía universitaria comenzó a ser un mito del progreso, un rector inteligente, de esos que siempre hacen falta, ofreció un discurso destinado a la reflexión universitaria. Para este hombre inteligente no eran incompatibles los deseos de cambio social y la razón de ser de la universidad, al contrario él los pensó como complementarios; sin embargo, como todo hombre prudente, supo distinguir muy bien los límites: uno es el trabajo de la universidad y otro el de los universitarios en la sociedad, cuando se confunden los límites no se hace bien ninguno de los dos, sólo se finge actuar óptimamente y más bien se estropea todo. En el discurso hay un párrafo por demás conspicuo:

“Si se dice que se ha de dar a los alumnos la noción de que es menester modificar profundamente la estructura social contemporánea y restablecer para la vida valores distintos del provecho económico y de la ganancia, hacerles sentir la necesidad de no considerar aceptables las tesis y las doctrinas que no se apoyen en datos objetivos y soporten la crítica racional, inculcarles el sentido de su trabajo como deber de servicio y no como ocasión de fácil medro, entonces no se traerá nada nuevo a la Universidad actual, porque todo su trabajo se apoya precisamente en esos postulados y porque su actitud no es la de defensa de una situación administrativa, sino precisamente la defensa de una estructura adecuada para cumplir esa misión que no se logra con declaraciones, ni con gregaria sumisión a un líder, ni con subordinación a un mandato venido de fuera, sino que debe ser y sólo puede ser fruto libre y responsable de convicción alcanzada en la investigación y en la crítica libres. Para la acción y para la estructuración de partidos políticos, valen la convicción ciega, la autoritaria adopción de un credo, la propaganda hecha a martillazos de retórica. Para formar brigadas de asalto, fuerzas de choque, precisa la subordinación coaccionada a una voluntad única. Para la vida de la Universidad, no es ese el camino, ya que su misión no es actuar ni imponer, sino por definición, investigar y conocer”.

No me opongo, pues, a que los cándidos okupas se crean capaces de cambiar al mundo, pues sueñan desde los inteligentes hasta los idiotas, me opongo a que pretendan que su labor algo tiene que ver con la universidad. ¿O si escribo mis memorias sobre un barco será suficiente para intitularlas “Memorias de un marinero”?

Los misterios, quinta y última

Presentamos hoy la quinta y última entrega de Los misterios del Pedregal. Recordemos que el recorrido que hicimos con Octavio Paz inició con la relación de hechos y la respectiva crítica acerca del secuestro de la Torre de Rectoría allá a principios de los años 70. En la siguiente entrega Paz nos habla de lo que a juicio de algunos es la misión de la Universidad y de cómo los que pelean por una visión distinta muchas veces dejan de lado los problemas reales del país y la Universidad, aunque según ellos ese sea su principal interés. Cada quien saque sus conclusiones respecto a la confusión ideológica y pragmática del Auditorio Che Guevara.

Los misterios del Pedregal V

Nada tenemos contra la política. Al contrario: una sociedad apolítica sería una sociedad de ángeles o de bestias, una sociedad fuera de la historia. La gran invención de Grecia fue la construcción de un espacio abierto y libre que fuese el centro de la acción y la discusión de los ciudadanos. Allí donde ese espacio no existe o allí donde ha sido confiscado por un partido, un grupo o un jefe, la política se vuelve actividad secreta: conspiración de eunucos en el palacio, intrigas de la camarilla del Secretario del partido, cuartelazo de los sargentos… La política es el oxígeno de la sociedad abierta y el explosivo de la cerrada. Sin vida política sana, la sociedad se desfigura. El testimonio más impresionante sobre la desfiguración de la Universidad no viene de un intelectual de izquierda sino de un científico, uno de los más distinguidos de México, el físico matemático Marcos Moshinsky. El profesor Moshinsky divide a la comunidad universitaria en dos grupos: “nosotros y ellos… Nosotros son aquéllos que consideran que la misión principal de la Universidad es la preparación académica, sin olvidar la conciencia social que es vital en un país como México… Ellos son aquéllos que consideran que el papel fundamental de la Universidad es el de propiciar una reforma de base de las estructuras políticas del país por medios preferentemente pacíficos pero, si fuera necesario, aun violentos… Nosotros queremos un rector de sólido prestigio académico y que sea firme en la defensa del nivel de la enseñanza y la investigación. Ellos prefieren a un rector cuya principal cualidad sea la de ser “progresista” y que siga una línea blanda que propicie la “politización” en el sentido que les interesa”. (Excélsior, 22 de diciembre pasado.)

La comunidad universitaria parece que al fin ha reaccionado y ha elegido como Rector a un hombre interesado en la misión propia de la Universidad –una misión que no implica, insistimos, apartamiento de los problemas sociales y políticos del país. Pero es evidente que el nombramiento del Rector no resuelve automáticamente el problema. Hay más, mucho más. Y ese más no es una añadidura sino la raíz de la cuestión. El resto- incluso la “politización” dislocada y todo lo que arriba dijimos- son epifenómenos. El más puede condensarse en dos palabras: sobrepoblación y centralización. Esos son los dos verdaderos problemas de la Universidad (y también los del Instituto Politécnico Nacional). Muchos se han referido a este tema y no repetiremos aquí lo que todos saben –o deberían saber. (Véase, por ejemplo, el excelente artículo de Samuel I. del Villar: Ante el colapso de la Universidad, en Excélsior, 14 de diciembre pasado.) Los remedios a la sobrepoblación y a la excesiva centralización pueden reducirse a uno: la fundación en todo el país de muchas escuelas de educación postpreparatoria (llámenlas como quieran: universidades institutos, academias). So pena de exponerse a estallidos y convulsiones cada vez más frecuentes y temibles, habrá que satisfacer la creciente demanda de educación postpreparatoria y profesional de una clase media también creciente cada día y de una aristocracia obrera que empieza a enviar a sus hijos a las universidades y los politécnicos. Pero no basta con atender a los problemas sociales, políticos y educativos que plantea el crecimiento de la clase media. Si el país no quiere suicidarse habrá que hacer –o rehacer- unas cuantas y pequeñas universidades de cultura realmente superior y realmente dedicadas a la investigación científica y al cultivo de las humanidades.

La cuestión de la educación superior será la cuestión central del último tercio del siglo XX, lo mismo en los países en vías de desarrollo que en los desarrollados. Lo será sobre todo por el notable aumento de la influencia de la clase media, que es tanto la depositaria de la tradición humanística como la que concentra en proporción mayor el nuevo saber tecnológico. Sus funciones serán cardinales en la nueva sociedad porque es la clase de los administradores y los técnicos pero asimismo la clase política por excelencia: la más sensible y la más inestable. En los países en desarrollo es y será la palanca del cambio y/o de las revoluciones. En los países desarrollados sus funciones, ya importantes, serán decisivas a medida que se realice el cambio de la sociedad industrial a la postindustrial. En esta última el poder se medirá por el control del conocimiento.

La tarea es inmensa y nuestro retraso es considerable. En esta materia la política de nuestros gobiernos, ha sido una no-política. Recogemos ahora sus no-frutos: un plato de arena. Necesitamos recursos enormes y capacidades fuera de lo común. ¿Dónde están? ¿Y quién se atreverá a acometer esta empresa: el Estado o la iniciativa privada? Aunque esta pregunta aparece raras veces en las elucubraciones de nuestros “progresistas”, es la pregunta cardinal. El Estado mexicano, mal que bien, encarna un proyecto nacional; la iniciativa privada no tiene no digamos un proyecto pero ni siquiera intereses nacionales: los suyos son estrictamente privados y lucrativos. La burguesía europea y la norteamericana fueron creadoras de Naciones y Estados; la nuestra, heredera de la concepción árabe de la riqueza, atesora y vive amurallada como en un país conquistado. El último proyecto nacional de los conservadores mexicanos fue el Imperio de Maximiliano pero nuestros burgueses no son los descendientes de los monarquistas del siglo pasado: son gente desarraigada, the brown sahib of Mexico. Sin embargo, la iniciativa privada sentirá fatalmente la tentación (ya la siente) de apoderarse de la cultura superior en provecho propio. Por eso lo que se juega en la crisis universitaria no es esa revolución de bolsillo con que sueñan los ilusos y los suicidas sino algo infinitamente más concreto, inmediato y precioso: la cuestión de la educación media y superior es la cuestión del ser de México.

-Octavio Paz-

Plural, número 16, enero de 1973

La destrucción de la autonomía universitaria (I)

En la revista digital Rojo y negro, la Confederación General del Trabajo del Estado español (CGT) anuncia que el 4 de enero pasado nuestro auditorio Che Guevara fue sorprendido por quienes pretenden destruir la autonomía universitaria.

También dice que:

Cualquiera que acuda a éste espacio en plena ciudad universitaria, puede darse cuenta de que existen alternativas capaces de articular la creatividad y el apoyo mutuo en lo cotidiano.

A ver, vamos por partes. No cuestionaré la certeza con que se declara que cualquiera puede darse cuenta de las "alternativas" que existen en dicho recinto. Y no lo cuestionaré porque eso le corresponde a nuestros lectores que día a día (dada su condición de estudiantes, profesores, trabajadores o visitantes de la facultad) conviven con el auditorio desde hace meses o años.

Ya en más de una ocasión hemos rondado el tema de la autonomía universitaria pues comprender este concepto no sólo es clave para comprender el conflicto que se vive en nuestra Facultad de filosofía y letras sino que lo es también para definir y entender nuestra razón de ser como miembros de la Universidad Nacional y así estar al tanto de nuestros deberes ante la sociedad.

Vayamos pues rápidamente al año de 1929. El día 25 de junio de ese año, el maestro Antonio Caso publicaba en El Universal un artículo titulado "Los fines de la Universidad Nacional". En él Caso explica aspectos importantes de la autonomía universitaria que se proponía en el proyecto de Ley que Portes Gil publicó el 22 de junio y que sería ratificado por el Congreso un mes después.

Caso punta: la autonomía de la Universidad no tiene por objeto terminar la agitación estudiantil provocada en contra de las autoridades universitarias; su propósito es más alto y más duradero.

A continuación hace notar que: por muy grave que se suponga el conflicto universitario actual, no es en suma, sino uno de tantos incidentes de la vida de la Universidad. En efecto, en 1929 se suscitó un grave conflicto estudiantil: huelga, intervención de la fuerza pública y violencia.

Sin embargo Caso no estaba minimizando los sucesos, estaba haciendo hincapié en algo que últimamente pasa de largo ante casi cualquier situación conflictiva: buscar una solución que no sea momentánea sino que sea perdurable y que constituya un valioso legado: una buena ley de la autonomía tiene que estar inspirada no en estas situaciones momentáneas y en estas inquietudes reales o ficticias que el tiempo aclarará y juzgará, sino en los propósitos, en los fines mismos de la Universidad.

Así, si como reza el anuncio de la CGT: El Auditorio Che Guevara se despertaba éste 4 de enero sobresaltado por quienes quieren materializar la destrucción de la autonomía universitaria... entonces debemos pensar que quienes "acosan" a los okupantes de algún modo están atentando en contra de los fines de la Universidad.

La autonomía universitaria fue concebida por muchos ilustres pensadores; cabe apuntar que empezando por Justo Sierra, allá en el siglo XIX, años antes de que se materializara el proyecto de la Universidad Nacional; como el único medio que garantizaría la adecuada consecución de los tres fines universitarios: la educación superior general, técnica y artística; la investigación científica (y humanista) y la difusión de la cultura.

De este modo, cuando el comunicado de denuncia de la okupación culmina exigiendo "respeto a la autonomía universitaria" debemos entender que al encomendársele a auxilio UNAM que impidiera (hay que decir que sin violencia, hasta donde se ha atestiguado) la venta de artículos varios en las inmediaciones del espacio okupado se ha violado la libertad de la institución universitaria (y de su comunidad) para ejercer sus facultades y llevar a cabo libremente sus fines de educación y cultura ante la Nación.

¿O qué entienden entonces por autonomía?

La autonomía tiene por objeto garantizar que el Estado no tenga injerencia en las decisiones que la Universidad debe tomar por sí misma para cumplir con eficacia sus propósitos, en el entendido de que son los universitarios los que mejor perspectiva tienen de las necesidades de su institución. Sin embargo no es sólo ante el Estado que debe defenderse la autonomía. Sino de cualquier persona, grupo, partido u organización que, con fines distintos a los antes señalados, de alguna manera estorbe, paralize o dificulte la labor de los universitarios.

Ante esto ¿quiénes destruyen la autonomía universitaria? ¿Se la entiende correctamente cuando sólo se le invoca como medio de presión en medio de un conflicto (que se quiere hacer pasar por estudiantil) con la autoridad universitaria?