Las dos ocupaciones: ¿Universidad para todos o Universidad para quienes estudian?

Ésta es la cuestión. No es un planteamiento del príncipe de Dinamarca sino de Gastón García Cantú allá por 1990, hace 20 años, allá por los momentos de esplendor del Consejo Estudiantil Universitario (CEU). Por aquel entonces se discutían una serie de reformas promovidas por el anterior rector Jorge Carpizo, así como la orientación y futuro de la UNAM. Reformas que desde el punto de vista de algunos iban encaminadas a mejorar los vicios que estancaban las labores académicas y de investigación. Que fueron vistas por otros, como es costumbre, como "el primer experimento de corte "neoliberal" y privatizador de la educación superior pública en México y en América Latina".

García Cantú continua, después de la cuestión cardinal:

Lo primero se ha confundido, no sin perversidad, con la democracia, fin político de las sociedades contemporáneas pero no medio académico. La participación en materias de estudio no puede confundirse con el sistema de decisiones por mayoría. En la Universidad deben aprenderse las teorías históricas de la democracia, pero no intentar sustituir lo que pertenece a los requerimientos académicos con lo que corresponde al orden político de las sociedades.

Tal confusión, difundida por los partidos en las universidades del Estado -las particulares son para ellos verdaderos recintos sagrados- ha llevado a las oficiales- obra educativa del Estado mexicano- a su gradual deterioro.

Diez años después, el espíritu antireformista del CEU, con el conflicto generado por el alza de cuotas en la UNAM se materializo en el CGH que mantuvo ocupada y paralizada la UNAM durante casi diez meses. Por supuesto que el cierre no era arbitrario, pues cerraban la Universidad para que "permaneciera abierta en el futuro". Sobre ello nos decía el Dr. Francisco Valdés Ugalde lo siguiente:

UNAM: derecho social y aberración política

El Universal, 26 de septiembre de 1999

¿Puede un movimiento en defensa de un “derecho social” condenarse a sí mismo a ser el enterrador de tal derecho? Si el movimiento en cuestión se interna por el camino de la aberración política, la respuesta es positiva. Lo que ocurre en la UNAM es un caso ilustrativo. Reconocerlo es sencillo, explicarlo es otro problema; es el verdadero problema.

Vienen a la mente, multitud de imágenes “útiles” para referirse a la cuestión, desde la famosa idea de Hegel de que los hechos de la historia se producen dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa, hasta la de quienes han insistido en que lo que ocurre en la UNAM es un reflejo de lo que pasa en el país y viceversa. De la primera imagen, se puede afirmar ciertamente que el 68 fue la tragedia y el 99 una farsa que ha alcanzado uno de sus mayores momentos simbólicos en la imagen televisada del vándalo con pretensiones de historiador anticipado que escribió la fecha de “1999” sobre el signo de interrogación que David Alfaro Siqueiros puso de colofón en su mural de Rectoría sobre las gestas históricas del pueblo mexicano. De la segunda fórmula sobresale la banalidad del entusiasmo con aires de gloria de quienes regodean su miopía en esa supuesta intrínseca relación metafísica, incapaces de imaginar que también por ese camino podía transcurrir el “lado malo” de la historia. Esta falsa idea especular me hace evocar la célebre frase de Borges: “Los espejos y la cúpula son abominables pues reproducen a los hombres”. Pero las ideas especulares son reduccionistas. La realidad exige otro esfuerzo.

Como todo el mundo sabe, el movimiento estudiantil tuvo su origen en la protesta contra el establecimiento de cuotas en la UNAM. Después de los primeros días de efervescencia, se conformó el Consejo General de Huelga que procedió a exigir la derogación del reglamento respectivo y luego a ampliar sus exigencias a otros puntos que habían sido previamente reformados. Al iniciarse el paro, hace ya más de cinco meses, el pliego petitorio de los estudiantes combinaba extrañamente demandas de gratuidad con exigencias como las anteriores que, de aceptarse, redundarían en la degradación de la calidad educativa. Entre estas últimas sobresalía la de restaurar el pase automático de la preparatoria a la profesional y eliminar las relaciones entre la UNAM y el CENEVAL.

A pesar del tiempo que ha transcurrido desde que el conflicto se inició, es notoria la ausencia de tino político del CGH para plantear con productividad política las finalidades que dice perseguir. Por ejemplo, el CGH no se ha pronunciado ni ha exigido al Ejecutivo o al Congreso la restauración de la gratuidad en la educación superior a pesar de que el artículo tercero de la Constitución fue reformado en 1993, abriendo paso a que la educación superior deje de ser legalmente gratuita. En esta reforma se introdujo, entre otras modificaciones, una nueva redacción de las “obligaciones” del Estado para con la educación superior. Mientras que la fracción cuarta de dicho artículo señala que “toda educación que imparta el Estado será gratuita”, la siguiente acota que “además de impartir la educación primaria, preescolar y secundaria (…) el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

Esta redacción es clara pero a la vez ambigua. Por una parte se distingue entre impartir, por un lado, y promover y atender, por el otro con esta distinción se pretende dejar en claro que el Estado no imparte la educación superior. Pero se introduce una ambigüedad al decir que la promoverá y atenderá; si el Estado no la imparte, entonces no será gratuita sino solamente “promovida” y “atendida”. Naturalmente, estos últimos términos quedan totalmente indefinidos en el texto constitucional. Pero queda aún más indefinido en este nivel el carácter que tienen, desde el punto de vista presupuestal, organismos como la UNAM que es, en el ámbito de la administración pública, un “organismo descentralizado del Estado”. En esta última expresión el carácter descentralizado del organismo no se refiere al Estado, sino a la administración pública, mientras que la expresión “del Estado” designa su pertenencia al Estado. Así pues, según la Constitución, la UNAM es del Estado pero lo que la UNAM hace no es, entre otras cosas, educación impartida por el Estado.

Con toda su ambigüedad, la reforma de 1993 ha operado un cambio de facto y de jure en las relaciones entre el Estado y la UNAM. A pesar de que en ellas se ampara la reducción presupuestal que Hacienda le propinó a la UNAM y que está detrás de la modificación al reglamento de pagos, el CGH no ha criticado ni, mucho menos, solicitado un cambio de esta redacción actual del artículo tercero. Por el contrario, el CGH sólo le carga la mano a la UNAM y, en particular, a sus autoridades, haciéndolas responsable únicas de los cambios al reglamento de pagos. Al hacer esto y confirmar su postura con más de cinco meses de paro sin haber incomodado ni un ápice al gobierno o al Congreso, el CGH parece coincidir sospechosamente con los propósitos que oscuramente, por vías oficiosas e informales, miembros del gobierno han proferido respecto de reformar drásticamente a la Universidad o, de plano, hacerla desaparecer.

Lo anterior no significa que las autoridades universitarias no tengan ninguna responsabilidad en el origen del conflicto ni en la postergación constante de su solución. Indica, sin embargo, que, o bien quienes controlan al CGH y quienes los siguen no tienen capacidad política para entender la problemática en que está situada al UNAM, o bien que sus propósitos no son los que confiesan, sino los mismos de aquellos en el gobierno que sin dar la cara buscan debilitar la institución para poder darle un golpe mortal o dispersarla. Curiosamente, a este despropósito se suman organizaciones sociales como el Frente Popular Francisco Villa y el EZLN.

A esta forma aberrante de conducta política se agrega la decisión del presidente Zedillo de que en la UNAM la aplicación de la ley, en lo que respecta a su ocupación ilegal por los huelguistas, deberá ser un hecho de excepción sujeto a la expresión “mayoritaria” de la comunidad universitaria. A pesar de la universalidad del estado de derecho como establecimiento de condiciones iguales para todos, la UNAM es, por razones de Estado no democráticas, condenada a la excepción. Al proceder así, el gobierno instaura por omisión deliberada una especie de estado de naturaleza pre-político. Me pregunto si en este proceder no se anuncia el destino al que se conduce al Estado mexicano.

Bajo la perniciosa acción de los huelguistas y la indolente actitud asumida por el gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial incluidos) anida la amenaza (esta sí verdaderamente neoliberal) de reducir los servicios a las necesidades del mercado. Si la educación es un servicio que debe sujetarse a este principio, qué ha de pasar cuando el mercado no lo demande o requiera cambios en la forma en que se le procura. Desde el punto de vista estrictamente economista si el “mercado” no demanda educación, no hay ninguna razón para que existan proveedores. Si existe tal demanda, entonces los proveedores deben satisfacerla en las modalidades en que la requieren los consumidores. Más de 200 mil estudiantes se inscribieron o reinscribieron en la UNAM para el ciclo escolar 99-2000, es decir, sí hay demanda. Al defender las aspiraciones a huelga de su paro, los paristas trataron de impedir la inscripción de los estudiantes que querían hacerlo. (Por cierto, en no pocas ocasiones se les vio formados en las colas de inscripción, luego de sus intentos por cerrar los locales de trámites escolares). Curiosamente, al detener casi todos los procesos educativos en la UNAM y tratar de impedir la inscripción de estudiantes, los paristas pusieron de manifiesto la perversa coincidencia de su actuar con los intereses de los neoliberales más extremos cuya pretensión es, simple y llanamente, cerrar la UNAM. En efecto, al debilitar la Universidad, el CGH ofrece a plenitud los argumentos de que los propios neoliberales extremos carecían para limitar aún más el presupuesto universitario e, inclusive, empezar a barajar alternativas de reforma universitaria que no la mejorarían sino que la harían desaparecer como entidad.

Volviendo a la pregunta inicial puede reiterarse la respuesta. Sí es posible que la “defensa” de un derecho social conduzca en realidad a su liquidación cuando los defensores actúan aberrantemente y en coincidencia (¿fortuita?) con sus adversarios declarados.

-Francisco Valdés Ugalde-

Por ello no es de sorprender que ante la ocupación policial, que duró poco menos de dos semanas, que no significó "la imposición de medidas neoliberales", ni privatización ni pérdida de autonomía (pues en nueve meses de dejar la UNAM a su suerte ni huelguistas ni autoridades se pusieron de acuerdo), hubiera también reacciones como las siguientes:

Me causó un gran alivio que esta recuperación -e insisto en la palabra- de la UNAM se haya llevado a cabo en forma pacífica, sin violencia, sin ningún disturbio ni heridos. Es un gran alivio.

Fernando del Paso

El Estado tiene la obligación de preservar la universidad para los fines que fue creada. El gobierno no ha hecho más que cumplir con la ley, por encima de todo... la mayoría de la sociedad está porque la universidad sea recuperada, porque vuelva a funcionar y porque sea a través del diálogo lo que resta por resolverse.

Ignacio López Tarso

Lamento mucho el desalojo, no debía haberse llegado a ese límite; pero no había otra opción porque realmente no había diálogo. El CGH había caído en una intransigencia y no dialogaba ni negociaba. Esperé, como muchos mexicanos, que en la reunión del viernes pasado (4/02/00) entre rectoría y el CGH se llegara a algún acuerdo. Esperaba, por ejemplo, que los huelguistas dijeran: "Liberen a los estudiantes presos y nosotros entregamos las instalaciones de la universidad"

Natalio Hernández

Esta medida debieron tomarla hace 10 meses, no hasta ahora. La universidad es irremplazable. Se ha cometido, por parte de los delincuentes que tenían a la universidad, un atentado contra el pueblo, debido a la apatía de quienes debiron tomar esta medida. Las cosas por su nombre.

Arturo Schroeder

Se cumplen 10 años del desalojo y ocupación policial. Los policías hicieron su trabajo y se fueron. La universidad volvió a funcionar. El CGH toma siete meses después lo que queda del auditorio Justo Sierra y pretende convertirlo en el Che Guevara de 1968. Han pasado más de 10 años del inicio de la huelga, están por cumplirse 10 de la nueva okupación del Justo Sierra. Excegehacheros y actuales okupas proclaman haber salvado el derecho a la educación, lo cierto es que cuando menos diez generaciones de universitarios casi ni se han parado por el que fuera hace muchísimos años el auditorio más importante y grande de CU, el artículo tercero sigue intacto en su fracción quinta, como en 1999. ¿Qué han hecho entonces ellos por nosotros? García Cantú decía respecto a las manifestaciones ceuístas en 1990:

Ninguna idea, ningún programa expusieron, sólo el desafío y la consigna sostenida de llevar al mayor número de jóvenes para lanzarlos al asalto de lo que desean destruir en lo académico: la Universidad Nacional.