Nuestra solicitud debe dirigirse a la rectoría de nuestra Universidad, al Consejo Universitario, y a las direcciones de nuestras Facultades, porque son las instancias pertinentes para atender la situación del Auditorio Justo Sierra; no existe una razón por la que -ya como estudiantes, trabajadores o profesores- debiéramos solicitar nada a los ocupantes, especialmente dado que han reiterado que no habrá diálogo, que no terminará la ocupación.
El deseo de recuperar el Auditorio Justo Sierra para uso de la comunidad se trata de una aspiración legítima, pero -a mi parecer- no debe ser este el motivo más importante de preocupación; la idea de que hay una "zona de tolerancia" que circunda el Auditorio Justo Sierra y se extiende hasta las islas es un tema de mayor relevancia, este fenómeno se repite en numerosas dependencias de la Universidad, derivando -también en numerosas ocasiones- en inseguridad para todos. En breve, la ocupación del auditorio debe llegar a su fin para que el inmueble vuelva a ser utilizado por la comunidad universitaria, pero sobre todo para buscar cancelar la idea de que las inmediaciones de nuestra Facultad son una zona sin ley, y la inseguridad derivada de esta idea.
No hay una razón por la que los ocupantes del Auditorio se distingan ante la ley del resto de los ciudadanos, en este sentido deberían responder por sus acciones en dos momentos, en primer lugar por la ocupación ilegal de instalaciones universitarias, y en segundo por las responsabilidades legales que cada uno de ellos tenga; decir que no son distintos ante la ley quiere decir también que no existe una razón para que se les imputen crímenes ficticios ni se violen sus derechos durante el hipotético desalojo: que respondan por aquello de lo que sean responsables, ni más ni menos, y que se garantice -en su caso- una detención conforme a derecho. Es preciso ser explícitos aquí: No estoy diciendo que quiero que los maten, que los quemen ni que los violen, en caso de usar la fuerza pública habremos de insistir -como nunca en la historia de la Universidad- en que se respeten las garantías de aquellos que resultaran detenidos, pues -delincuentes o no- tienen derechos que la fuerza pública debe respetar.
El ingreso de la fuerza pública a la Universidad no representa el fin de la conciencia de social, ni cancela la posibilidad de que existan movimientos estudiantiles legítimos en el futuro, tampoco se trata del fin de todo activismo que busque el bien común, debe tratarse sencillamente de hacer valer las garantías de seguridad a las que la comunidad universitaria tiene derecho.
En síntesis, requerimos a las autoridades tomar la liberación del auditorio en sus manos de manera activa, urgir a las instancias competentes a que -en caso de llegar el desalojo- se salvaguarden los derechos de los ocupantes y la comunidad universitaria, y sobre todo tomar acciones para poner fin a la idea de que los campus universitarios son zonas sin ley.
Muy probablemente en este último punto será necesaria la colaboración de la comunidad universitaria, dado que la Universidad no cuenta con elementos de coerción, ni es deseable que cuente con ellos, será de gran importancia poner la parte que nos toca para eliminar la idea de la zona de tolerancia i.e. no participar de ilícitos como la compraventa de drogas, ingesta de alcohol y otras actividades prohibidas por la Legislación Universitaria.
No estamos pidiendo nada que no sea derecho de todos.
