"Educación gratuita", por ejemplo, es el nombre de uno de ellos; pero hay muchos más, como el "derecho" a tener acceso a un "comedor subsidiado" (operado -no entiendo muy bien por qué causa- por personal sindicalizado, exclusivamente), a contar con el servicio de una biblioteca de primera y la posibilidad de sacar copias baratísimas.
A decir verdad, yo también soy de la opinión de que hay cosas que la UNAM está obligada a darle a sus estudiantes; específicamente, instalaciones y servicios absolutamente indispensables para que se lleven a cabo, en las mejores circunstancias posibles, las labores académicas que son la razón de la existencia de una institución como la nuestra.
Por supuesto, también me queda claro que hay una gran diferencia entre lo que yo considero esencial y lo que exigen personas como las integrantes de la "asambleaffyl"; sin embargo, lo que quiero que entiendan esas personas es que, a la hora de luchar por los derechos de cada quien, no hay ninguna razón que ampare esa idea que tienen de ser lo únicos justificados para demandar o sentirse agraviados. Ninguna razón en absoluto, permítaseme recalcar; si es que pretendemos sostener el principio de que, en este país, no debe haber ciudadanos con privilegios políticos o jurídicos.
Y sucede que yo, igual que ellos, tengo una demanda institucional, tan urgente y argumentable como cualquiera que ellos puedan presentar: lo que yo exijo, como miembro activo de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, es que la UNAM recupere el control de todos y cada uno de los espacios ilegalmente enajenados dentro de sus instalaciones.
Yo, como cualquier otro universitario, tengo derecho a reclamar que se respete, y se haga respetar, el carácter público de las instalaciones universitarias, entendido desde el punto de vista estrictamente jurídico. Así mismo, tengo derecho a exigir que se desestime, por improcedente, cualquier consideración ideológica; pues es evidente que la administración de los recursos públicos que conforman la totalidad del patrimonio universitario es competencia exclusiva de los órganos legalmente constituidos para tal efecto.
Por supuesto, yo no le niego a nadie ni el derecho a sostener una opinión contraria a la mía, ni a proceder legalmente para imponer su interpretación de los reglamentos; y aquí es donde salta a la vista una de las principales diferencias entre nosotros: ellos sí están dispuestos a coartar la libertad de todos los que no comulgamos con sus ideas. En primer lugar, despojándonos, por la fuerza, de las instalaciones en cuestión; y, después, arrogándose una representatividad espuria, basada en la caprichosa fabricación de "órganos" (como la mentada "asableaffyl") de nula legitimidad y muy cuestionable -por decir lo menos- respetabilidad.
Por último, quiero hacer mención de otra demanda nuestra que jamás ha sido contemplada por los apólogos de la enajenación: el derecho de todo estudiante universitario a recibir una formación profesional de la más alta calidad. Y la razón de que este objetivo no entre en sus consideración estratégicas es muy simple: que tiene que ver con demandas -como el aumento del salario de los profesores, o la asignación de plazas a través de mecanismos transparentes y auténticamente académicos- que nada tienen que ver con la preservación de sus privilegios.
El asunto, creo yo, es en realidad muy simple: cuando se pretende discutir derechos fuera del marco de las leyes, lo único que puede esperarse es que sea la fuerza bruta el "argumento" que acabará por decidir el debate. Y esto es algo que la okupa jamás va a reconocer; pero bien que lo sabe.