Este texto apareció el 18 de mayo de 1999 en el periódico El Universal, también está firmado por el profesor Guevara Niebla.
La república de estudiantes
El Universal
18 de mayo de 1999
He aquí el relativismo moral que impregna el ámbito universitario: una vez que estalló la huelga y se hizo perceptible la gravedad del problema, muchos maestros que no habían visto mal el aumento de las cuotas o que al menos habían mantenido un discreto silencio al respecto, comenzaron a murmurar diciendo: “La culpa es del rector, no supo escoger adecuadamente los tiempos”. O bien: “El rector no ha sabido construir el consenso necesario antes de aprobar el aumento a las cuotas”. O bien: “El rector ya no controla la situación”.
El juicio de estos docentes no ponía en la balanza el comportamiento de los huelguistas, de un lado, y las normas universitarias (y jurídicas) del otro. No, en su reflexión, las normas no contaban y hacían juicios sin aludir a ellas: de esta forma se ponía y se pone en el mismo plano la conducta del rector con la conducta de los huelguistas, como si ambos hubieran incurrido en infracciones similares (si lo hallo, un enlace a uno de los resolutivos de las asambleas que exigen auditoria a las autoridades). La verdad es que el rector no violó las normas universitarias, sin embargo se le reprocha el haber tomado la iniciativa del aumento sin construir previamente “el consenso necesario”.
Yo me pregunto: ¿es que todas las medidas adoptadas por el Consejo Universitario o por el rector deben tener “consenso”? ¿Y qué es el “consenso” en la Universidad? ¿Consenso de quién o de quiénes? Esta idea inevitablemente hace evocar la vieja idea reformista de gobierno universitario que postulaba que la Universidad era una pequeña república dentro de la gran República. Una república de estudiantes. Esta república estudiantil era, desde luego, democrática, de modo que se consideraba a cada alumno como un ciudadano, y a semejanza de la gran República, cada ciudadano-estudiante representaba un voto. Como en toda república democrática, los ciudadanos elegían periódicamente, por voto universal y secreto, a sus autoridades: al rector (que simbolizaba al Poder Ejecutivo) y a los consejeros (diputados) que pasaban a integrar el Consejo Universitario (Parlamento).
Es difícil no evocar este esquema cuando escucha uno decir: “El Consejo Universitario no representa a la comunidad”; “los estudiantes están mal representados en el Consejo”; “el rector, a través del Consejo Universitario, se ha burlado de la voluntad estudiantil”. ¿Cuál es, o cuál debe ser, me pregunto, el concepto de “representación” que debe regir en la Universidad (si es que debe existir alguno)? ¿Es que la Universidad Nacional es, realmente, una República dentro de la República? ¿Existe una soberanía universitaria paralela y, por lo tanto, opuesta a la soberanía nacional? ¿Puede existir una soberanía universitaria?
Estas preguntas no son nuevas: son las mismas que en su época se plantearon Justo Sierra, José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín y Alfonso Caso, para mencionar sólo algunos de los grandes hombres que crearon o defendieron la existencia de la Universidad Nacional, y la conclusión a la que llegaron fue unánime en este sentido: no, no existe ni puede existir una soberanía universitaria; no, la Universidad no se puede gobernar de la misma manera que se gobierna la República, entre otras cosas, porque la esencia de una y otra entidad son distintas. El objeto de la Universidad es servir a la sociedad a través del desarrollo del conocimiento, su creación, transmisión y difusión (o, si se quiere, del desarrollo de la cultura superior) que exige condiciones determinadas, en primer lugar la libertad de pensamiento, la libertad espiritual, que supone ausencia de coerciones, supone tranquilidad y paz. En segundo, respeto por el conocimiento y por las jerarquías del conocimiento.
Con el fin de lograr esa libertad se concibió la autonomía universitaria. ¿Qué es la autonomía sino una apuesta de la sociedad moderna a la seriedad y autorresponsabilidad de los universitarios? Con ella se busca, precisamente, deslindar y separar el ámbito de la cultura del ámbito de la política. La historia ha demostrado (Alemania, URSS) fehacientemente que no se puede introducir la política dentro de la Universidad sin desembocar en resultados catastróficos. No olvidemos nunca que la historia de la UNAM es una larga serie de jornadas dolorosas y, a veces, sangrientas, por defender el mundo de la academia frente a las acechanzas del poder político.
Esto no significa que la Universidad deba de dar la espalda a la nación. De ninguna manera. Por su función, ella está destinada a promover el desarrollo nacional mediante la creación de conocimientos, la producción de cuadros técnicos, la formación de líderes sociales, la difusión de la ciencia y la cultura, pero jamás logrará su cometido si su vida interna está sujeta a acciones violentas y la intervención de grupos que no respetan los principios y valores de la academia y sólo atienden a la lógica de sus intereses políticos.
Gilberto Guevara Niebla
El día 5 de Octubre tuvo lugar en el auditorio Justo Sierra el primer foro de discusión en torno a la nueva administración del auditorio. La segunda reunión fue “resolutiva”. Aunque la okupación ha mantenido en reiteradas ocasiones que la cuestión de su estancia en la FFyL es más compleja de lo que quieren hacer ver “las autoridades”, la discusión se agotó pronto y los consensos llegaron rápido. Uno de esos consensos fue el de exigir una auditoría a las autoridades de la facultad para saber qué ha pasado con los recursos que durante diez años debieron utilizarse en el mantenimiento de la residencia de la okupación. Otro fue el de “reconocer” el “trabajo” que durante estos años han realizado en el auditorio los colectivos que lo mantienen secuestrado, perdón, los colectivos que autogestan en él. Claro, hubo algunos sensatos que sí aprovecharon su minuto al micrófono en el histórico inmueble para darle un “jalón de orejas” a los okupas por organizar fiestas, ingerir drogas en el auditorio y lucrar con él.
Auditoría para las autoridades y regaño a los secuestradores. Como si ambos hubieran incurrido en faltas semejantes… más bien, como si fuera una falta mayor guardar un poco la dignidad no legitimando a la okupación dándole mantenimiento a “su auditorio”… y como si fuera una falta menor lo que han hecho los okupantes durante estos últimos 9 años despojando a la Universidad Nacional de uno de sus principales auditorios.
Se supone pues, que “La Asamblea” ya ha comenzado a tomar acuerdos sobre cómo funcionará el auditorio ¿en qué quedó? Con todo y la aspiración de la asamblea de constituir una especie de "república de estudiantes", la okupación ha manifestado: “aquí los mandones somos nosotros” (bueno, no de manera tan directa aunque sí igual de cínica).
Una nota curiosa: La asamblea se autoproclamó máximo órgano rector del auditorio (vea el punto 4 relativo al auditorio). Comenzaban sus alegatos diciendo que la organización estudiantil sí representaba los intereses de la comunidad. Pero cuando se les cuestiona sobre esa supuesta representatividad, puesto que es evidente que la mayoría de la comunidad no participa en las asambleas, se defienden diciendo que no es necesario escuchar a aquellos a quienes no les interesan los problemas de la facultad (pues por ello no asisten a las asambleas). Si alguien dice algo opuesto a lo que ellos piensan en un foro distinto a la asamblea no se vale, pues el único foro pertinente para entablar la discusión es su asamblea.
Si las estructuras de gobierno de la universidad son tan deleznables a causa de su antirepresentatividad democrática, y si la propia asamblea ha reconocido ser la voz de “aquellos a quienes importan” los problemas de la facultad, excluyendo no sólo los intereses de los apáticos sino los puntos de vista de todos lo que huelen a “derecha”; en suma, si ambas representaciones son antidemocráticas ¿por qué preferir la segunda a la primera?